La universidad estatal se financia con subvenciones del pueblo del estado, aprobadas por la legislatura estatal. En teoría, el grado de apoyo que recibe depende del grado de aceptación que le otorgan los votantes. La universidad estatal prospera en función de su capacidad para ganarse el favor del pueblo del estado. Por lo tanto, la universidad estatal se encuentra en una posición desventajosa a menos que su rector sea una persona de mérito excepcional como propagandista y divulgador de temas educativos. Sin embargo, si esto ocurre —si la universidad orienta toda su política a obtener el apoyo de la legislatura estatal— su función educativa puede verse perjudicada. Podría verse tentada a basar todo su atractivo para el público en su servicio público, real o supuesto, y dejar que la educación de sus estudiantes se autofinancie. Podría intentar educar al pueblo del estado a expensas de sus propios alumnos. Esto podría generar una serie de males, hasta el punto de convertir a la universidad en un instrumento político, una mera herramienta del grupo político en el poder.
– Edward L. Bernays –