La Comisión Interestatal de Comercio (CIC) ilustra lo que podría llamarse la historia natural de la intervención gubernamental. Un mal, real o imaginario, genera demandas para que se tomen medidas al respecto. Se forma una coalición política compuesta por reformadores sinceros y de buenas intenciones, y partes interesadas igualmente sinceras. Los objetivos incompatibles de los miembros de la coalición (por ejemplo, precios bajos para los consumidores y precios altos para los productores) se disimulan con una retórica elocuente sobre el «interés público», la «competencia justa» y demás. La coalición logra que el Congreso (o una legislatura estatal) apruebe una ley. El preámbulo de la ley hace un uso superficial de la retórica, y el texto legal otorga a los funcionarios gubernamentales el poder de «hacer algo». Los reformadores de buenas intenciones experimentan una euforia triunfal y centran su atención en nuevas causas. Las partes interesadas se esfuerzan por asegurar que el poder se utilice en su beneficio. Generalmente lo consiguen. El éxito genera problemas, que se abordan ampliando el alcance de la intervención. La burocracia cobra su precio, de modo que incluso los intereses especiales iniciales dejan de beneficiarse. En definitiva, los efectos son precisamente los opuestos a los objetivos de los reformadores y, por lo general, ni siquiera alcanzan los objetivos de los intereses particulares. Sin embargo, la actividad está tan firmemente establecida y hay tantos intereses creados vinculados a ella que la derogación de la legislación inicial resulta casi inconcebible. En cambio, se exige una nueva legislación gubernamental para abordar los problemas derivados de la legislación anterior, y así comienza un nuevo ciclo.
– Milton Friedman –

La Comisión Interestatal de Comercio (CIC) ilustra lo que podría llamarse la historia natural de la intervención gubernamental. Un mal, real o imaginario, genera demandas para que se tomen medidas al respecto. Se forma una coalición política compuesta por reformadores sinceros y de buenas intenciones, y partes interesadas igualmente sinceras. Los objetivos incompatibles de los miembros de la coalición (por ejemplo, precios bajos para los consumidores y precios altos para los productores) se disimulan con una retórica elocuente sobre el «interés público», la «competencia justa» y demás. La coalición logra que el Congreso (o una legislatura estatal) apruebe una ley. El preámbulo de la ley hace un uso superficial de la retórica, y el texto legal otorga a los funcionarios gubernamentales el poder de «hacer algo». Los reformadores de buenas intenciones experimentan una euforia triunfal y centran su atención en nuevas causas. Las partes interesadas se esfuerzan por asegurar que el poder se utilice en su beneficio. Generalmente lo consiguen. El éxito genera problemas, que se abordan ampliando el alcance de la intervención. La burocracia cobra su precio, de modo que incluso los intereses especiales iniciales dejan de beneficiarse. En definitiva, los efectos son precisamente los opuestos a los objetivos de los reformadores y, por lo general, ni siquiera alcanzan los objetivos de los intereses particulares. Sin embargo, la actividad está tan firmemente establecida y hay tantos intereses creados vinculados a ella que la derogación de la legislación inicial resulta casi inconcebible. En cambio, se exige una nueva legislación gubernamental para abordar los problemas derivados de la legislación anterior, y así comienza un nuevo ciclo.

Libertad de elección: una declaración personal

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