Deteniéndonos un momento en la cuestión de la legalidad y la ilegalidad: la Resolución 1368 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada por unanimidad, reconoció explícitamente el derecho de Estados Unidos a la legítima defensa e instó a todos los Estados miembros a llevar ante la justicia a los autores, organizadores y patrocinadores de los atentados terroristas. Añadió que «quienes presten ayuda, apoyo o refugio a los autores, organizadores y patrocinadores de dichos actos rendirán cuentas». En un discurso pronunciado al mes siguiente, el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, reconoció públicamente el derecho a la legítima defensa como fundamento legítimo para la acción militar. La unidad SEAL enviada por el presidente Obama a Abbottabad era lo suficientemente numerosa como para contemplar la posibilidad de la captura y detención de Bin Laden. La ingenua afirmación de que estaba «desarmado» cuando le dispararon es solo vagamente compatible con el hecho de que se alojaba en una ciudad guarnición militar, tenía un arma automática cargada en la habitación, bien podría haber llevado un chaleco explosivo, había declarado repetidamente que jamás sería capturado con vida, era el comandante de una de las organizaciones más violentas de la historia y se había declarado en guerra con Estados Unidos. Quizás sea significativo que ni siquiera el apologista más casuístico de Al Qaeda haya intentado justificar ninguna de sus «operaciones» en términos que puedan ser amparados por alguna ley conocida, con la posible excepción de algunos versículos sangrientos del Corán.
– Christopher Hitchens –